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Todos
los habitantes que sufren
discapacidades o
enfermedades crónicas o prolongadas pueden acceder
en forma igualitaria al uso y goce de los medios o
herramientas que posee el sistema sanitario en
general para lograr la mejor calidad de vida posible
compatible con esa
discapacidad o enfermedad.
Esta posibilidad ha sido
garantizada por nuestra Constitución Nacional, y por
nuestro sistema legal en el que existen diversas
leyes, decretos y resoluciones que procuran
garantizar el pleno goce del DERECHO A LA SALUD para
todos los habitantes del país sin discriminación
social, económica, cultural o geográfica...” y que
tienen como objetivo fundamental “proveer el
otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias,
integrales y humanizadas, tendientes a la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la
salud.
En esta línea, el
Congreso Nacional diseñó específicamente un sistema
de prestaciones básicas de atención a cargo de las
obras sociales y de las prepagas a favor de sus
beneficiarios con el objeto de procurar el pleno
goce del derecho a la salud sin discriminación
alguna y de brindarles el
100% de cobertura integral
sin limite de tiempo a sus necesidades y
requerimientos, ponderando, que el hombre es eje y
centro de todo el sistema jurídico y, en tanto fin
en sí mismo - más allá de su naturaleza trascendente
- su persona es inviolable, constituyendo el derecho
a la vida un valor fundamental a cuyo respecto los
restantes valores siempre tienen carácter
instrumental, procurando garantizarle prestaciones
de salud igualitarias, integrales y humanizadas,
tendientes a la promoción, protección, recuperación
y rehabilitación de su nivel de salud, que responda
al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a
los beneficiarios la obtención del mismo tipo y
nivel de prestaciones eliminando toda forma de
discriminación en base a un criterio de justicia
distributiva.
Ese sistema no
discrimina entre obras sociales manejadas por
sindicatos e impuestas a sus afiliados, con prepagas
elegidas voluntariamente.
Debe pues quedar claro.
El Estado no puede garantizar que los habitantes van
a gozar de buena salud, sino que van a poder en un
pie de igualdad, usar - en forma razonable - todas
las herramientas disponibles para tener la mejor
salud posible.
Consúltenos, para
que conozcamos su caso y podamos asesorarlo.
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